El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
A partir de la década de los noventa, en camino hacia una democracia participativa para asegurar el desarrollo integral de los países, el proceso de las políticas públicas mantuvo el liderazgo de los gobiernos pero abrió el compás para la participación de la sociedad civil y el sector privado, no con miras al beneficio particular, sino a la expansión del beneficio social y en particular de los sectores más vulnerables.Amelia Márquez de Pérez, Ph.D., catedrática universitaria e investigadora. Es una de las distinguidas mujeres panameñas propuestas con otros cinco panameños por las organizaciones sociales y populares para el cargo de la Junta Directiva del Canal que, hasta ahora sólo lo han ocupado sectores empresariales privilegiados.
Sin embargo, el Informe de la Democracia en América Latina (2004), hizo evidente el poco avance de la democracia participativa porque nuestros países promueven la democracia electoral sobre la democracia social y por lo tanto, la democracia participativa era un desafío ineludible. Pocos años después, Barack Obama y Dilma Rousseff presidían la iniciativa de Gobierno Abierto, fortaleciendo el derecho ciudadano a la información para contar con una participación ciudadana ilustrada que tuviese incidencia en la toma de decisiones y en el monitoreo de las políticas públicas.
Sin embargo, estos paradigmas parecieran no tener aplicación en gran parte de la gestión pública nacional y mucho menos en la gestión de la Autoridad del Canal de Panamá. La visión de la gran mayoría de los panameños es que la capacidad panameña ha sido demostrada en el manejo eficiente del Canal, inclusive ha sido bastante eficaz en el logro de sus objetivos, pero ha sido totalmente inefectiva en impactar socialmente a la población, a la que costó vidas humanas, organización y talento para lograr la soberanía territorial, que aún no acaba de consolidarse.
Se sabe que anualmente la ACP entrega varios millones al Gobierno Nacional cuyo uso y distribución es una caja negra. La gestión de la Junta Directiva, sus decisiones y los asuntos de intereses que afectan a la Nación se desconocen. A través de las últimas décadas, la composición de la Junta Directiva ha ido variando de personas probadas y conocedoras del tema, a un sector minoritario de la población, cuyos representantes o algunos de ellos han hecho uso de información privilegiada para su enriquecimiento personal y el beneficio de sus allegados, sin siquiera considerar los daños ambientales que pueden afectar el buen funcionamiento del Canal de Panamá. La lucha de los moradores del área revertida ha puesto en evidencia esa situación, no en una, sino en varias ocasiones.
Omar Torrijos Herrera planteó la preocupación de que fuesen lo que él llamó los “amos chocolates”, para referirse a la oligarquía nacional, quienes se posicionaron para sustituir a los “amos blanquitos” refiriéndose al poder colonial. Además definió claramente lo que significaba el “uso más colectivo posible” y que citamos textualmente: “aquel uso en que la mayor parte del pueblo panameño pueda disfrutar del esfuerzo de su lucha”
La percepción de la población corrobora que lejos de concretarse ese “uso más colectivo posible”, ha ocurrido todo lo contrario. Por ello, se requiere la representación del sector popular para incidir en el más alto nivel de decisiones de la ACP, en el marco del gobierno abierto, la transparencia y el derecho ciudadano a la información, a fin de generar una opinión pública ilustrada y no estereotipada, sobre un bien común que le pertenece.
Por primera vez en mucho tiempo, más de 20 organizaciones de diversas tendencias pero todas ellas unidas por un sentido patriótico y de lucha por los derechos sociales han presentado una propuesta de seis candidatos para ampliar la representatividad de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, de modo que la representación popular esté presente en la misma.
El señor Presidente tiene una oportunidad de oro para equilibrar las fuerzas y los intereses dentro de la Junta Directiva. El señor Presidente puede tener la seguridad de que, entre los seis ciudadanos propuestos, podrá encontrar no sólo tres ciudadanos idóneos para las tres vacantes, sino a personas cuya trayectoria asegura que honrarán el compromiso de representar los intereses de la ciudadanía para hacer realidad “el uso más colectivo” de ese bien público que es el Canal de Panamá.
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