Seguridad jurídica es de doble vía

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

 

Cotidianamente siempre un sector empresarial cacarea el asunto de la seguridad jurídica, entendida ésta como garantías para las empresas.

Tal como las garantías fundamentales, que no son para un sector, sino para todos los ciudadanos, y las personas. Asimismo, la seguridad jurídica es un bien de todos los actores en la sociedad.

Así entonces, el estado no puede estar desprotegido tampoco de la seguridad jurídica, aunque éste sea el garante de la misma.

Es el caso que, las concesiones portuarias, las de las empresas de electricidad, comunicación, ferrocarril, Isla Melones, ubicada aproximadamente cinco millas al oeste de la Ciudad de Panamá en Panamá, cerca de la entrada del Pacífico al Canal de Panamá, La antigua base de Sherman en Colón, y todo el sector de Amador en cuyo terrenos se están construyendo y vendiendo propiedades horizontales en terrenos que son inadjudicables, es decir que, son de uso publico y por tanto no pueden ser objeto de apropiación privada. Muchas de ellas se han logrado no por el camino de procesos transparentes y públicos, y en otros caos se les ha extendido automáticamente, sin tener derecho a ello, según contrato de modo que hay que revisar todas las concesiones y si las mismas responden a los intereses del país.

Por ejemplo, la concesión del ferrocarril que, ya cumplió su término, impedía al Estado panameño poder crear otra vía férrea paralela de modo que, hoy frente a las dificultades de agua para el Canal, pudiera haber una alternativa para el transporte de contenedores del Atlántico al Pacífico, y tenemos información que, se le ha extendido el contrato, sin fundamento legal alguno y la empresa sigue pagando una pírrica suma al Estado, mientras que ella se lleva cientos de millones de dólares en ganancia, porque el contrato de concesión original de 1997, se estableció cuando el movimiento de contenedores por los puertos panameños era de solo seiscientos mil contenedores anuales y hoy esa cifra llega a más de diez millones de contendores anuales.

Panamá tiene el deber, de desarrollar una gasoducto de norte a sur, para facilitar el transporte más seguro de Gas y construir también un oleoducto en la misma dirección, con capacidades suficiente a fin de lograr ahorro del usos de agua en canal por tránsitos entre gas y petróleo que podrían significar cerca del 20% de tránsito, lo que representan para la economía, significativos ingresos que, hoy no los tenemos.

La seguridad jurídica no es un solo un adorno, o un elemento que, solo surte efeto a los que contraten con el Estado o desarrollan cualquier iniciativa privada dentro del marco de la legalidad sino, también, la obligación que los privados tienen también con el Estado, y al no cumplir con las mismas se hacen acreedores a la penalización que establece la Ley a quienes subvierten el orden jurídico, en el que está basado el Estado de Derecho.

Hace falta también que, se levanten los patriotas de entre los panameños y enfrentemos con la ayuda de Dios, a los que le infieren al país; el grave daño y que existan autoridades que no faciliten ni encubran el despojo que se ejecuta contra nuestro patrimonio, sobre todo en un momento en que la república deberá atesorar cada año, más de cuatro mil quinientos millones de balboas para pagar, tan solo, el servicio de la alta deuda externa pública que, rebasa los 50 mil millones de balboas y que constituye una pesada carga, como legado indigno e inmerecido que le dejamos a las futuras generaciones, además, de las consecuencias del atentado contra nuestro ambiente y el efecto del saqueo de la riqueza nacional que tan sólo la empresa minera First Quantum Minerals Ltd. ha cometido contra nuestro país, como si viviéramos en un mundo de salvajes y no un Estado de seguridad jurídica.

Es además, horroroso que la minera no solo se resista a cumplir como corresponde, la sentencia de la Corte Suprema, sino que en la actualidad se identifican por lo menos cuatro candidatos a presidente de la república cuyo respaldo financiero proviene de la minera, es lo que es un exabrupto jurídico y un franco y groseros desafío a nuestras instituciones y nuestro estado de derecho, que sin embargo nuestras instituciones lo permiten y casi pareciera que la aúpan.

La dignidad y el patrimonio nacional están en juego y casi todos los candidatos a presidente eluden hablar siquiera de la minera, y hasta han dicho con chocante desparpajo que, los panameños sencillos y comunes, “hablamos paja”

¡Así de sencilla es la cosa!

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