Sentencia que trasciende

Se trata de un fallo, que hace gala de un garantismo, de valor extraordinario en relación a la tutela del medio ambiente y la vida humana.

La Corte Suprema, sus magistrados, como cirujanos de sala de operación y con un diestro manejo del bisturí, fueron punto por punto, detectando en el cuerpo del contrato, todas sus falencias que se traducían en más de veinte normas constitucionales violadas. Un total de 25.

Increíble, ni los diputados, en su total 45, con un amplio cuerpo de asesores legales, lo  mismo que el consejo de gabinete y el contralor general de la república Panamá, no pudieron desentrañar el contrato (ley 406) y darse cuenta, que el mismo, conducía hacia un sembradío de violaciones a la carta magna.

Lo anterior da, por cierto, que abordaron dicho contrato con criterios políticos y sumisión al órgano ejecutivo, en especial al presidente.

No se trata de sufrir pena ajena, pero ¿cómo ocurrió, que ninguno de los individuos que hacen parte de este entramado institucional, no se armaron de valentía para decirle al presidente, ese muerto no lo cargo yo?

Cobardía y prebendalismo al hacerse cómplice de traición a la patria y otros tipos penales.

Una lectura a fondo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, desnuda toda la trama que se orquestó para imponer tal fraude contra la nación.

Tenemos críticas al órgano judicial, a la Corte Suprema, pero no por ello podemos desconocer que la sentencia del 27 de noviembre de 2023 tiene un alcance que rebasa fronteras.

Una pieza jurisprudencial, toda una joya jurídica para los que nos agitamos en el litigio y la defensa del estado de derecho.

10-12-2023