Todo lo relativo a la jurisdicción, corresponde única y exclusivamente al estado de Panamá.

Por Ramiro Guerra M.

Abogado, escritor y cientista político.

 

Me declaro extremadamente celoso del ejercicio jurisdiccional, como atributo único y exclusivo de Panamá. Ningún estado extranjero puede estar entrometiendo su cuchara en torno al desenvolvimiento de la justicia en nuestro país.

Causó malestar, el día que la señora embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, se reuniera con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para tocar temas de justicia y corrupción en Panamá. Peor, que esa entidad accediera a tal reunión y todavía más grave que, la cancillería y el gobierno lo permitieran y lo prohijaran.

Una cosa es colaboración, intercambio de información y otra muy distinta es, estar interviniendo en nuestra jurisdicción sin ambages.

Conjetura talvez, pero secreto a voces altas, se dice que, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene la mano metida en la entidad que investiga los delitos en tal forma que, no simulan siquiera.

Como explicarse que, los Estados Unidos, conoce de primera mano y en forma privilegiada, situaciones que se dan en el órgano judicial y el ministerio público que son parte de la reserva del sumario o del proceso, para el resto de los panameños. Seguramente tienen infiltrada hasta el tuétano nuestras instituciones de justicia.

Desde hace tiempo, se rumoraba que, los Estados Unidos, andaba detrás de la empresa Ricamar. Cierto o no, el secuestro de bienes de esa empresa nos pone a pensar.

Que no ocurra, como cuando la famosa lista Clinton. Otro embajador, un tal Feeley, y la vendetta de un gran empresario (potentado) apoyado por el gobierno pasado que, quería quitarse de encima la competencia, llevaron a la quiebra a empresas panameñas, entre ellas, tiendas muy reconocidas, bancos, y muchas empresas, además de, un reconocido diario nacional.

Miles de trabajadores perdieron sus empleos, en Panamá y Colón, y al final nunca existieron las pruebas que adujeron, pero el daño estaba consumado. Ricamar cuenta con más de 7 mil trabajadores en todo el país. El doble de los trabajadores panameños que generaba la minera y por el cual tanto el gobierno y hasta la Señora embajadora de EE.UU. salían en defensa de aquellos empleos que, sin embargo, estaban configurados en el marco de un atraco abierto a los bienes minerales, al patrimonio nacional y a la destrucción de nuestro medio ambiente y además no existió por el periodo de 5 años y diez meses ningún contrato que diera fundamento legal a la extracción del oro, cobre y otros minerales de alto valor económico que lo robaron por miles de millones de dólares.

Ojalá este proceso se lleve, respetándose el debido proceso. Lejos de intromisiones políticas y sobre todo, extranjeras.

El Estado panameño, está instituido para que prevalezca la seguridad, la honra, bienes y sobre todo la dignidad humana de los panameños. De ese compromiso ineludible, surge la responsabilidad de hacer viable la preminencia de nuestro Estado de Derecho y el ejercicio de nuestra Jurisdicción, como el primigenio atributo de nuestra Soberanía, por la cual luchamos todas las generaciones de panameños a lo largo de toda nuestra historia en lo que Omar Torrijos denominó “Alpinismo Generacional”.

Lo he escrito en reiteradas ocasiones, no enturbien aún más las enrarecidas y turbulentas aguas del proceso electoral y menos utilicen la administración de justicia o procesos administrativos como instrumentos para imponerse en la lucha por el poder y orillen al Tribunal Electoral que es el que privativamente debe atender por mandato constitucional el presente proceso electoral.

La situación del país, no está para estar jugando a situaciones que terminen por agravar deliberadamente la ya grave crisis que vive nuestro país.

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