El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por José Castillo
Profesor de Relaciones Internacionales.
En ese largo camino, Panamá conoció los verdaderos países amigos de la causa panameña, pero también de aquellos pueblos que al igual que Panamá luchaban por el perfeccionamiento de su independencia nacional, por la defensa de sus recursos naturales, por la libre determinación de sus modelos políticos, económicos y sociales, y por la descolonización de sus territorios ocupados por potencias extranjeras.En la lucha que enfrentó Panamá por el rescate de la soberanía nacional sobre la denominada Zona del Canal y hacer usufructo del Canal mismo, Omar Torrijos Herrera, junto al equipo de patriotas que lo acompañó en esa epopéyica batalla diplomática, encontró en la solidaridad internacional y el no alineamiento un poderoso blindaje para que esas negociaciones con Estados Unidos llegasen a un feliz término con la firma, ratificación e implementación de los Tratados Torrijos-Carter, de 1977.
Una de esas causas nobles y que no admite discusión alguna fue el reconocimiento que hizo Panamá a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y al Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, mejor conocido como Frente Polisario. Un territorio enclavado en el África sahariana, donde el Frente Polisario lucha contra la colonización marroquí, reivindica el derecho de autodeterminación de los saharauis y es reconocido internacionalmente como su único representante legítimo.
La ONU considera al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, responsabilidad de la antigua potencia colonial España, que abandonó la zona en 1976. Desde entonces, Marruecos ocupa tres cuartas partes del territorio y relega a los saharauis a una franja desértica al Este.
De un día para otro y sin previo aviso, el Gobierno español ha cambiado su posición sobre el Sahara, al aceptar que Marruecos considere su ex colonia como una autonomía. Tal decisión, rompe con la legalidad internacional y elude las responsabilidades que España tiene como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui
El proceso para garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui se ha dilatado desde los acuerdos de Madrid (1975). El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ha recordado que el conflicto debe resolverse con un «compromiso pleno (de las partes) con el proceso político facilitado por la ONU».
El pasado mes de noviembre, el conflicto bélico se reactivó porque Marruecos violó el alto el fuego entre las partes, vigente desde 1991. Las consecuencias sobre la población están siendo muy preocupantes. La situación de escalada de violencia y conflicto en la zona exige garantizar el cuidado de las personas más vulnerables. La medida que acaba de tomar el Gobierno español, sin contar con la población saharaui, es irresponsable y no ayuda a mitigar la vulneración de derechos ni el aumento de la crispación en la zona.
La ONU, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, así como la Corte Europea de Justicia no reconocen ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.
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