José R. Acevedo. C.
A casi más de cuarenta años de haberse implementado a nivel regional latinoamericano, el denominado plan de la guerra contra las drogas, enfocado especialmente contra la producción y el tráfico de cocaína, aseguran los expertos que no ha funcionado. La cocaína sigue inundando las calles de los Estados Unidos y varios países de Europa, y algunos del área de Asia. Esta coyuntura fue aprovechada por los cárteles mejicanos y colombianos, para fortalecerse económica y militarmente, toda vez que, entre más controles aduaneros y fronterizos, la cocaína aumentaba de costo, por la simple ley de la oferta y la demanda, entre menor oferta con una creciente demanda de consumismo, el valor del kilo aumentaba casi geométricamente.
En igual medida las convenciones internacionales y las exigencias que han llevados a los gobiernos regionales, a modificar sus leyes internas, para instituir tipos penales como el lavado de activos, los llamados jueces sin rostros que sin duda es una violación flagrante al proceso, testigos encubiertos donde no se permite recontrainterrogar y otras medidas draconianas a nivel procesal, tampoco han sido efectivas, porque el tráfico no ha disminuido, todo lo contrario, se ha incrementado y los cárteles aumentan su poder económico, que les permite permear las altas autoridades, mediante la corrupción.
Ni hablar de los planes Mérida en México y en otros países, donde el gobierno de los Estados Unidos, dotó a Colombia y México de un importante equipamiento militar, que incluían helicópteros y aeronaves, ante su fracaso, es preferible dejarlos en el olvido.
Sumado a todo lo anterior, el uso indiscriminado de oxicodona por la ligereza en que se expiden estas recetas, siendo este un medicamente analgésico que es controlado, lo que ha generado un aumento escandaloso en el uso de los derivados de los opiodes, como lo es el fentanilo, aumentando en las calles de los Estados Unidos, de forma escandalosa el número de adictos y con una mortalidad anual por sobredosis, que excede, las noventa mil víctimas al año.
Resumidamente este es el estado actual de la mal llamada guerra contra las drogas, la guerra más extensa en muchos años y sin que exista a la vista una fecha de concluirla.
En este escenario, nuestros gobiernos tienen que enfrentar el auge y crecimiento de pandillas, que intentan hacerse de las drogas que pasan por nuestro territorio, con la violencia que viene inherente a tal actividad causando altas tasas de inseguridad en la población y filtrándose ese dinero mal habido en la política, en total ausencia o nimias colaboraciones, en el orden económico de los Estados receptores o consumistas de la droga, que ayuden a sufragar los gastos de hombres horas, combustible, logística y otros gastos en el oficio de evitar que esa droga les llegue a sus países, es necesario, cambiar el rumbo de lo que en todo este tiempo ha fracasado. No es éxito llenar las cárceles de jóvenes, si continua una mayor producción de droga, de plantación de árboles de coca y ha aumentado el consumo y los cárteles se han hecho más fuertes y se han generado nuevas pandillas que funcionan como cárteles o mini cárteles. ¿Dónde está el éxito de esta política antidroga?
Ya antes hemos expuesto, que es hora en que los gobiernos de consumo, nos ayuden económicamente cuando intentamos defenderlos de los fantasmas que ellos mismos han creado y con el gasto astronómico que significa el tratar a cada consumidor en su sistema de salud, poniendo un valor cada kilo decomisado.
Bueno como para algunas cosas relevantes con nosotros son exageradamente tacaños, conociendo nuestros problemas económicos y de ausencia de recursos financieros para hacer frente al desarrollo de nuestras economías, les proponemos lo siguiente:
- Partiendo que en la actualidad existen en muchos de nuestros países, los programas de recibir armas, por bonos de alimentos o por un valor económico, reciclar o redirigir este programa al tema de la droga.
- En los países productores de hojas de coca, tienen que existir dos programas simultáneos. Uno negociado directamente con los sembradores y productores de los árboles de coca. Comprarles a mejores precios las hojas de coca respecto al pago de los narcos. Ese programa debe ser a lograr a diez años la erradicación, disminución verificable del árbol de coca y el reemplazo por otros productos. A un máximo de diez años, permitiendo al Estado en ese tiempo hacer las infraestructuras necesarias, para que los campesinos busquen otras fuentes de cultivo que les permita vivir, todo esto, con una asesoría internacional y verdaderos compromisos de mercadeo.
Un programa de compra a quienes poseen la droga para comercializarla, de compra a un precio mínimo que les impida la persecución penal o financiera y con acuerdos para ello a corto plazo. El aspecto ético, es el mismo en que se sustenta la compra de armas, que en muchos de los casos se procede a su destrucción sin hacer las correspondientes pruebas de balística, quedando de seguro en la impunidad los delitos más graves.
- En los países de tránsito, el Estado debe contar con fondos provenientes de los países consumidores, para adquirir la droga y proceder a su destrucción. Este programa debe ser a un plazo de cuatro años y llevando un registro de los adquirentes, con el fin de evitar la doble compra, que sea por una sola vez, y que en el caso en que se les decomise por una acción propia de las autoridades policiales, exista una agravante.
- Para poder implementar esta política antidroga, los Estados de tránsito, los productores y consumidores, tienen que celebrar un convenio, primero para dar los fondos, tener representantes al momento de la compra y llevar los registros paralelos, reestablecer un control más estricto en la venta de armas.
- Este será un programa paralelo con la represión vigente.