El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Empresa monopólica que obstruye el mercado interno de energía y que se favorece sospechosamente de la inacción o la ayuda de las entidades oficiales panameñas.
Con el argumento falaz de las instituciones estatales como ASEP, ETESA más la Secretaría Nacional de Energía (SNE), en donde supuestamente buscan garantizar el suministro de energía eléctrica, “mejorar los precios de la electricidad”, crear empleos verdes, atraer nuevas inversiones, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y cuidar el medio ambiente, y extrañamente respaldados atrás por la empresa monopólica, AES Panamá que, tiene el control de más de 70% de la generación eléctrica en Panamá, han echado a andar (posterior a la sentencia minera y en plena campaña política), un apurado plan para someter a una licitación por 20 años y apertura de mercado de tecnologías nuevas, que debieran abaratar el precio de la electricidad a las familias y empresa panameñas pero que deliberadamente desconocen la aparición de baterías de sodio que en otras latitudes se están utilizando a un bajo coste porque este material existe en todas parte y disminuye el costo para almacenar energía, pero en el caso nuestro esto no representa un beneficio para los panameños, sino solo para las empresa generadoras y distribuidoras de energía que incluso empresas como AES podrían tener almacenaje de energía en Baterías de Na, comprarles a otros generadores y luego revendería al mercado a altos precios, es decir, que la introducción de energía renovable más barata, no significará en lo absoluto un mejor precio para los clientes. La conspiración presente, partió oficialmente desde la recomendación que quedó establecida en la resolución No. MIPRE-2024-0001384, publicada en la Gaceta Oficial digital No. 29949-A, publicada este lunes, 15 de enero pasado, justo cuando se conoció del aumento de la tarifa eléctrica para este primer semestre 2024, mismo que no tiene ningún fundamento, porque el país tiene instalada una capacidad de 3 mil megas y la necesidad apenas sobrepasa los 2200 megas, lo cual indica que pagamos por una energía que, ni siquiera usamos y mucho menos nos ha afectado el fenómeno del niño ni la niña como argumentan los conspiradores.
Las Agencias estatales que tienen que ver con la energía eléctrica en Panamá, se han convertido en tapadera y encubridores de un mal servicio público y un atraco desmesurado a los bolsillos de los panameños. Por ellos son fundadas las sospechas del apuro con que quieren definir este asunto.
