Una hora decisiva

 

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

El Poder Público emana del Pueblo

 

En medio de una grave crisis nacional que ha vivido el país, producida por la corrupción más grande que conoce nuestra historia y cuyos sectores sociales y económicos están inoculados profundamente por ese cáncer terrible, un Estado agónico cuyas instituciones están en una condición moribunda, una clase política irresponsable, desprestigiada y absolutamente desacreditada, nuestra estructura familiar debilitada a extremos, y con un Estado en bancarrota, con una deuda externa pública que ronda en los 55 mil millones de dólares, con un déficit fiscal de arriba de cuatro mil millones, deuda vencida por pagar a acreedores locales muy alta, y muchas obras sin terminar y otras pendientes de procesos  que aletargan su culminación, con una CSS en cuidados intensivos, y una promesa desecha antes de que entre el nuevo gobierno a administrar, la de más chenchén, así en estas graves condiciones nos asomamos al cambio de administración que se realizará exactamente en quince días.

Por otra parte, y como marco de la dramática situación actual, las administraciones de los últimos quince años, han celebrado acuerdos secretos, como los tristemente célebres Salas Becker en los que le acceden derechos a los Estados Unidos en nuestro territorio, contrariando incluso lo establecido, no sólo en nuestra Constitución, sino aún en los Tratados Torrijos Carter, en los que, el pueblo panameño reconquistó la soberanía que ahora vemos peligrar de manera dramática.

Desde hace casi cuatro años, Laura Richardson, la primera mujer jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, localizado en La Florida, EE.UU., monitorea personalmente todo lo que ocurre en Panamá y Latinoamérica de una manera nunca antes vista, y la embajadora metiche, Mari Carmen Aponte, no pierde oportunidad para intervenir en asuntos que son de privativa competencia de los panameños, hechos que debilitan nuestro estado nacional y nuestras instituciones, especialmente por el grado de sumisión y genuflexión de quienes tienen la responsabilidad como autoridades nacionales y deben cumplir el deber que surge muy claro del artículo 17 constitucional.

Es evidente que, a donde estamos es también responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos que ha dispuesto deliberadamente, a través de sus agencias, como por ejemplo su Secretaría del Tesoro, contribuir decisivamente a desestabilizar nuestra situación económica y social, al inventar procesos intervencionistas legales unilaterales, sin respetar nuestra soberanía, contra empresas panameñas, acusarlas y más de algunos años después descubrieron que no tenían prueba alguna, haber destruido bancos, periódicos, comercios y un conglomerado de empresas que han sido traspasadas en procesos nada transparentes y causando un despojo histórico sin precedentes y desahuciando a más de 6 mil panameños sin empleos y sin poder sustentar dignamente a sus familias y ahora el Estado Panameño enfrenta demandas millonarias por causas que no le son imputables a nuestra sociedad, sino únicamente a los EE:UU. Y a las personalidades del gobierno que sirvieron como cadena transmisora de estos graves desatinos y daños al país. Agencias como el FBI, intervienen libremente en el país, como si fuera el de ellos, atendiendo no solamente el supuesto aspecto de luchar contra el delito y la corrupción, sino especialmente en las coordinación de todas las agencias norteamericanas que son movida por su interés inequívoco que control y ejercicio de dominio geopolítico en la región y en el que le asignan a Panamá, un sitio de control regional.

El silencio que han guardado las fuerzas políticas nacionales, frente a estos graves hechos, es sepulcral y añade un guiso de complicidad vergonzosa e injustificable, que encubre temores, cobardía, falta de carácter y ausencia de patriotismo. Por ello, preocupa que, tal conducta también se replicaría en la nueva administración entrante, signada por la toma del poder, no por el pueblo, sino por un gobierno de la empresa privada, signada históricamente por su proverbial genuflexión a la potencia del norte.

Preocupa, por decir lo menos, este plan estratégico o maniobra intervencionista y de control geopolítico en el continente con consecuencias funestas para lo que queda de nuestra agónica república, incluso utilizando de pretexto el tema migratorio que, es un tema cuya causa principal profunda, ha sido la política de dominación y expoliación hacia América Latina o bloqueos y sabotajes económicos a regímenes independientes o que se resisten al dominio norteamericano, que ha impedido un proceso de desarrollo económico y social de la región, porque las relaciones siempre han sido lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros.

Históricamente EE. UU. Le encargó la administración de nuestros países a la oligarquías nativas que se han mantenido en el poder a sangre y fuego por fuerzas armadas entrenadas por ellos, najo su doctrina de dominación en su traspatio y cuando la oligarquía le ha fallado de alguna manera, le han dado la tarea de la conducción de nuestros países a los militares que bajo la doctrina del enemigo interno, desde siempre le han hecho la guerra al pueblo que deberían defender, Proteger y servir.

La soberanía del país está en peligro y sólo el pueblo panameño, lo mejor de sus tradiciones, debe ser desempolvado y asistir en esta hora decisiva a revalidar nuestra condición de libres, antes de    que sea demasiado tarde y ya las cadenas nos impidan levantar el estandarte de nuestra libertad, dignidad y decoro.

En esta hora decisiva, llamo a los patriotas panameños a estar alertas y defender nuestra dignidad con las razones que nos da la historia de luchas y la Gracia de Dios de habernos regalado este pedazo de tierra que se llama Panamá.

Tenemos la responsabilidad histórica de proteger, a la toda costa para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no reciban mancillada su libertad y evitar a toda costa legarles la vergonzosa condición de esclavos. Dentro de solo dos años, celebraremos en Panamá, el bicentenario del Congreso anfictiónico que convocara Simón Bolívar el 26 de junio de 1826 y donde se procuraba la Unidad de las nacientes naciones latinoamericanas.

En los meses de octubre y noviembre del 2023 el pueblo panameño, dirigido principalmente por las organizaciones populares y la juventud panameña, dieron muestras de dignidad y patriotismo, al oponerse al contrato minero leonino, que vulnerada la Soberanía Nacional. Fue un triunfo de los patriotas y una derrota contundente al entreguismo proveniente de las élites oligárquicas que ahora, desacatando la decisión judicial suprema de nuestra máxima corporación de Justicia, quieren abrir nuevamente la herida, para hacer sangrar a la patria.

Como parte de la venganza contra el movimiento popular panameño, el gobierno saliente, ordenó, vulnerando el estado de Derecho, en forma absolutamente arbitraria, el cierre de las cuentas del Suntracs como parte de la reacción del gobierno herido por el rechazo popular a su entreguismo, ha quedado como un precedente nefasto que debe resolverse lo más pronto posible y jamás tiene que repetirse, este desacierto que expone a nuestro centro financiero internacional como uno que se maneja por caprichos y no dentro del marco de la Ley.

Confío en el destino que Dios tiene para nosotros, independientemente de la majestuosa fuerza con que aparecen las fuerzas trogloditas que nos quieren someter. Sin embargo, a pesar de las condiciones azarosas en las que navegamos en este mar proceloso, nadie tiene facultad alguna para disminuir, comprometer, hipotecar o debilitar a la patria y existe solo un camino que es el del decoro, la dignidad y la decencia. Cualquier otro, será infamia y traición y tal conducta no quedará impune.

Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna y así espero que su mano poderosa se anime cuando vea que nos esforzamos, y con valentía, asumimos nuestro rol histórico de amar a la libertad, porque ella nos la legó nuestro Creador y no la dejaremos tirada por una orilla de la cuneta de la historia.

¡Así de sencilla es la cosa!

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