Juan Jované
En un artículo publicado en la Estrella de Panamá el 24 de septiembre con el título de Minería y Progreso, el abogado José Miguel Alemán no solo intenta una defensa al proyecto minero, sino que, además, plantea, al menos de manera implícita, que el estilo de desarrollo transitista representa un evidente progreso para las poblaciones incluidas en lo que llama “una gran zona colindante con el área del Canal de Panamá”. Se trata, a nuestro juicio, de una defensa del estilo de desarrollo transitista – extractivista que los sectores económicamente dominantes intentan impulsar en nuestro país, la cual debe ser sometida a una sería crítica.
El real impacto del estilo transitista, que implica la simple vinculación al mercado mundial por la vía de enclaves económicos, sobre la población, se evidencia en la situación de la Provincia de Colón. Para esto basta y sobra con referirnos al contraste entre lo que genera económicamente esta provincia y la situación de sus habitantes.
De acuerdo a la última publicación del producto interno bruto por provincia (2021), la Provincia de Colón explica el 17.7% del PIB a precios corrientes a nivel nacional, de manera que, dada su población, esta provincia tendría el producto interno bruto por persona más elevado del país, llegando a superar en 37.5% al de la Provincia de Panamá. Esto, sin embargo, no se refleja en el bienestar de la población colonense.
Es así, por ejemplo, que de acuerdo a la última encuesta de hogares publicada (abril de 2022) la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 9.9% de la población económicamente activa (PEA), mientras que en la Provincia de Colón llegó al 12.0%. A esto se puede agregar que apenas el 40.1% de la PEA de esta provincia se pudo calificar de empleados plenos, lo que evidencia una enorme precariedad laboral (59.9% de la PEA).
Desde la perspectiva de la situación social es útil señalar que, de acuerdo al estudio realizado en el año 2018, el 24.3% de los niños, niñas y adolescentes residentes en la Provincia de Colón se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional. Se trata de un porcentaje superior a algunas provincias que se encuentran fuera de la zona cercana al Canal de Panamá, como son Herrera (9.8%) y Los Santos (12.1%).
Pero la incapacidad de resolver las necesidades de la población no solo se refiere a los enclaves de servicios, también se da, incluso de manera agravada, en los casos de los enclaves mineros, a los que se refiere el artículo bajo análisis.
De acuerdo al abogado Alemán el proyecto minero genera de manera directa e indirecta el 4.8% del PIB del país. Se trata de una cifra que no refleja el verdadero impacto de dicho proyecto. El primer problema está en que la medición del PIB, por su propia metodología, no toma en cuenta los costos ambientales. Esto ha sido destacado por la comisión que publicó el informe titulado Mis – Mensuring Our LIfe (2010), en la que participaron economistas tan prestigiosos como Joseph E. Stiglitz y Amartya Sen. Entre las recomendaciones que se hacen en este documento se puede destacar la sexta en que se afirma que la “calidad de vida depende de las condiciones y capacidad objetivas de las personas. Se deben tomar pasos para mejorar las medidas de la salud, educación, actividades personales y condiciones ambientales de las personas”.
El hecho de que el autor del artículo no ofrezca un intento de tomar en cuenta el impacto ambiental del proyecto minero es un elemento importante para evaluar su calidad. Esto, por ejemplo, debido a que los riesgos de contaminación de las aguas en la minería metálica son enormes para el bienestar de la población. A este respecto es conveniente recordarle al abogado Alemán que un estudio publicado en la revista Science el 22 de septiembre de este año, llama la atención sobre un hecho importante: 23 millones de personas en el mundo están potencialmente afectadas por los desechos tóxicos generados por la minería metálica.
Se trata de una situación que genera incrementos en la morbilidad y la mortalidad. Aquí, como hemos señalado en otros artículos, aparecen costos que, por ser inconmensurables en términos monetarios, son prácticamente infinitos. No es posible darle un valor crematístico a una muerte generada por la posible intoxicación con desechos mineros.
En el caso del empleo el abogado Alemán vuelve a afirmar que el proyecto minero genera 7,000 puestos de trabajos directos y 40,000 indirectos. No solo se trata que este autor debería aclarar de donde surge un multiplicados del empleo de 5.7. Esta cifra extraña ya que la misma fuente que originó esta afirmación, calcula el multiplicador de producción de la actividad en 2.6. Más aún, de acuerdo a la última encuesta de hogar publicada, en la Provincia de Colón solo había 392 personas ocupadas por la empresa privada en el sector de minas y canteras.
También es cierto que el sector de minas y canteras en nuestro país muestra una distribución muy sesgada de su valor agregado. De acuerdo a los datos del Inec en el 2021 la ganancia bruta del capital en este sector fue de B/. 2,169.2 millones, mientras que los salarios pagados solo alcanzaron a B/. 379.6 millones.
En definitiva, ni el transitismo ni el extractivismo son capaces de responder a los intereses de las grandes mayorías del país.
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