El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Discurso de Luis De León Arias, Presidente de la Asociación de Juristas de Panamá.
La Asociación Nacional de Juristas de Panamá consciente de sus obligaciones y responsabilidad histórica para con la República, con fundamento en la Proclama del espíritu de solidaridad nacional, estabilidad del Estado, en la conservación de su organización y estructuras, sustentada en los principios constitucionales de democracia, igualdad y equidad, se enorgullece y elogia la presencia en este Acto en el que conmemoramos el Octavo Aniversario de la Constitución de nuestra Asociación. Decimos que nos enorgullece y elogiamos la presencia de tan distinguidas personalidades, por la única razón que la grandeza de la República tiene su génesis en el conocimiento, conocimiento que se genera o se produce en las aulas universitarias, éstas como academia, como instituciones de educación superior, centros de enseñanza, deben constituirse como garantía y equilibrio, armonía y estabilidad de la nación y no solamente prepararse para el proceso de acreditación.
Igualmente, en estos centros de educación superior se deben salvaguardar las instituciones libertarias del ciudadano, transferir conocimiento para la formación académica de los hombres y mujeres que al abandonar las aulas universitarias tengamos ciudadanos sin complejos de inferioridad, sin temor, sin miedo, con instinto nacional, con sentimiento de patria y no de “canasta básica”. Los factores de liberación de un pueblo no se centran en los Órganos del Estado, sino en el seno de las universidades donde se encuentra depositado el conocimiento y experiencia.
En lo que guarda relación con los Decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas es sugerente romper paradigmas con bases sustentatorias en los textos de Derecho Constitucional, no solamente en las aulas universitarias enseñar la composición del Estado, indicando los tres Órganos que lo integran: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, esquema que constituye parte de la Organización Del Estado, pero es más importante profundizar en cuanto a su estructura que la constituye el poder soberano. No pueden ser superiores al poder soberano los Órganos del Estado, la verdadera esencia de la denominada libertad, democracia, igualdad, fraternidad y equidad no descansa en el Ejecutivo, no descansa en el Legislativo, sino en el “Poder Soberano”, pero este poder soberano requiere de sabiduría y conocimiento para seleccionar los hombres y mujeres que conforman el Órgano Ejecutivo, como el Legislativo que deben integrarse con personas honestas, para que cumplan con la voluntad popular.
Observen que no mencioné al Órgano Judicial, porque soy un convencido, con sustento en la doctrina constitucional, que el Órgano Judicial es la institución que garantiza la institucionalidad y la estabilidad del Estado y la verdadera defensa de la tutela de los derechos del ciudadano. Los operadores de justicia que salen de las aulas universitarias y que reciben la formación para aplicar la ley, determinando su alcance deben asumir la responsabilidad y la obligación de ser custodios y celadores, no solo de la organización del Estado, sino de las estructuras que formalizan el Estado.
Cuando impera la justicia tenemos excelente educación, seguridad, salud, trabajo, paz, pero esto requiere la aplicación de una justicia objetiva, no con supuestos lógicos o representación de intereses aislados, que comprometen y lesionan la pureza de la justicia. Una justicia para bien de la República.
Los homenajeados, distinguidos Juristas del país. entre los que se destacan La expresidenta de la Corte Suprema Marisol M. Reyes de Vásquez, el Magistrado Rolando Murgas Torrazza y entre ellos nuestro Director José Dídimo Escobar Samaniego
Dicho lo anterior, le corresponde a los Decanos de las Facultades de Derecho, en su condición de líderes del pensamiento jurídico, cargar la cruz de la sabiduría y formar profesionales, hombres y mujeres, con formación de liderazgo, con ideas de servir para integrarse en la vida pública del país. Le corresponde a los Decanos de la Facultades de Derecho, por conducto de su planta docente, no solamente, enseñar las diferentes categorías que conforman las ciencias jurídicas, que no es el caso aquí enumerar, porque lo más importante es que en esas aulas donde se imparte el derecho, se debe hacer énfasis en cuáles son las funciones del Poder soberano. El día en que en nuestras aulas universitarias se enseñe a nuestros ciudadanos que tanto el Ejecutivo, el Legislativo son simples administradores que el pueblo les otorga un mandato, pero que este poder que se les confiere no es ilimitado, no es absoluto, ese cuerpo político debe estar sometido a cumplir con la voluntad del pueblo y no extralimitarse en las funciones que les son otorgadas mediante el voto. De ocurrir este fenómeno, de vulnerar la voluntad popular, este mandato, o facultades deberían ser revocables por el poder soberano.
En nuestro país, es notable la serie de irregularidades en que los Órganos del Estado incurren por conducto de algunos de sus funcionarios, que faltan a la ética y a la moral, tanto en la vía administrativa ordinaria y extraordinaria, hay muchos ejemplos de los cuales podría dar testimonio ante los presentes, pero este no es el escenario, basta recurrir a la presunción y percepción que observan los ciudadanos en general. Debe ser prioridad en la Facultad de Derecho, enseñar y profundizar la Teoría del Estado, su composición, estructura y organización, como también las formas de garantizar la institucionalidad de la República y la integridad territorial y preparar a los hombres y mujeres, quienes al abandonar las aulas universitarias, enarbolen como consigna la defensa de la integridad nacional y la identificación entre los ciudadanos, no solo para ostentar un título, instalar una oficina, para limitarse en forma exclusiva a defensas individuales que solo tienen el propósito de alimentar la cuenta de ahorro y la cuenta corriente, olvidándose del compromiso que tienen con las futuras generaciones de garantizar un Estado libre, soberano, donde se practique el principio de igualdad y de equidad entre todos los panameños y extranjeros que ingresen a nuestro territorio nacional.
En conclusión, ustedes se preguntarán ¿qué opina la Asociación Nacional de Juristas de Panamá con relación al Contrato Minero?, a este respecto responderemos como lo hizo el insigne profesor, abogado y médico panameño Mateo Iturralde en el año 1881, en un acto de protesta ante las anualidades del Ferrocarril de Panamá, En igual sentido, como aparece en el Decreto de Chuquisaca de 1825 cuando Bolívar planteó que era necesario proteger los bosques, también la necesidad de la reforestación en las cabeceras de los ríos, Bolívar sentía inclinación, sensibilidad, proteger la naturaleza, proteger el ambiente y su conservación, igual proteger los recursos minerales y aprovecharlos. Simón Bolívar hace casi 200 años hablaba de justicia ambiental y de equidad social, como también sentó las bases para la producción de la minería responsable.
No solamente el problema minero requiere atención del Estado, en igual sentido lo requiere el problema de la migración sin controles, de no observar estos factores se corre el riesgo de romper el equilibrio y la armonía de la convivencia pacífica nacional.
Al cerrar este evento hacemos una solicitud especial a los Rectores y Decanos de Universidades, fuente y desarrollo del conocimiento, para que las aulas universitarias se conviertan en protagonistas en defensa de la tutela efectiva del Derecho y se preparen los hombres y mujeres con liderazgo y sentimiento nacional para que a través de los medios democráticos asuman la dirección de la República donde se ponga en práctica la verdadera equidad entre todos los panameños.
En nuestro país, puedo pronosticar con autoridad moral y mis experiencias dictadas, que de continuar con este libertinaje político, en un escenario de ausencia de liderazgo, de promesas falsas y de engaños, que son notorios, nos estamos conduciendo a grandes movimientos sociales, un país como Panamá, único en el mundo, que tiene los recursos naturales y hombres y mujeres inteligentes, si hubiese una distribución equitativa de esos recursos no hubiese un millón de personas en extrema pobreza, el acrecentarse de la inseguridad, que la acompaña el alto porcentaje de criminalidad, de desempleo, un pueblo donde la clase media se empobrece cada día más y sin opciones de mejorar su condición de vida. Un gobierno que adopta como proyecto de Estado dar subsidios para tranquilizar a un pueblo se está equivocando, los subsidios o paliativos constituyen solo un calmante, que al momento en que dejen de otorgarse, crean descontento y desaciertos, cuyas consecuencias son imprevisibles.
En igual sentido, hacer de las instituciones centralizadas y descentralizadas centros de trabajo es otro margen de equivocación, saturan las planillas de las instituciones, aumenta el presupuesto de pago de planilla (funcionamiento) y reducen el presupuesto de operación. En otras palabras, se profundiza la crisis social y trae como consecuencia la inestabilidad del Estado, con las consecuencias de todos conocidas.
Con la esperanza que estas palabras que he expresado ante ustedes contribuyan al inicio de debates en las aulas universitarias, donde se genera y perfecciona el pensamiento razonado, por el bien de la República, esperemos que los panameños jamás tengamos que caminar a pleno día y a pleno sol, por las calles de nuestra República, con una guaricha o lámpara buscando dirigentes con sentimiento nacionalista, con ideales de justicia, que sean honestos y que luchen por el bien de nuestra nación.
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